Desde fines del siglo XVIII comenzó a percibirse en las sociedades más avanzadas una constante aceleración industrial y tecnológica. A su vez se produjo una explosión demográfica a principios de siglo y una concentración en torno a las grandes urbes. La instauración de la sociedad de masas trajo consecuencias muy importantes que pueden ser sintetizadas de la siguiente manera: aumento de las expectativas de alcanzar un mejor nivel de vida y de acceder a bienes y servicios por parte de sectores que hasta entonces habían permanecido marginados; y finalmente, el fenómeno del consumismo.
Durante los siglos XIX y XX la libre concurrencia de empresas debía, en principio, multiplicar los bienes y las ofertas, acrecentar su calidad y reducir los precios. A partir de 1960 los consumidores se convierten en un problema social, a merced de la multiplicación de bienes y servicios ofrecidos, a la sofisticación de los mismos y en virtud del desarrollo del crédito y la publicidad. Se genera un desequilibrio entre profesionales y empresarios por un lado y consumidores y usuarios por el otro.
Los primeros se encuentran en posición económica y jurídica privilegiada. Los segundos en un plano de inferioridad no discutible. Los consumidores pasan a ser entonces “los reyes y esclavos del sistema creado por la sociedad de consumo”, obligando a la búsqueda de nuevas reglas que permitan una mejor armonía de los intereses comprometidos, en un marco de mayor equidad y justicia.
Frente a todos estos cambios, debe también operar un cambio jurídico. Se produce el advenimiento de un nuevo “derecho de masas”, cuyo objetivo principal se centra en regular adecuadamente los intereses en juego de una nueva realidad. Este derecho de masas asume un carácter marcadamente social y solidarista, en el que está latente la equidad y la justicia, así como nuevos instrumentos sustanciales y procesales capaces de superar la rigidez y el dogmatismo del derecho clásico.
Durante los siglos XIX y XX la libre concurrencia de empresas debía, en principio, multiplicar los bienes y las ofertas, acrecentar su calidad y reducir los precios. A partir de 1960 los consumidores se convierten en un problema social, a merced de la multiplicación de bienes y servicios ofrecidos, a la sofisticación de los mismos y en virtud del desarrollo del crédito y la publicidad. Se genera un desequilibrio entre profesionales y empresarios por un lado y consumidores y usuarios por el otro.
Los primeros se encuentran en posición económica y jurídica privilegiada. Los segundos en un plano de inferioridad no discutible. Los consumidores pasan a ser entonces “los reyes y esclavos del sistema creado por la sociedad de consumo”, obligando a la búsqueda de nuevas reglas que permitan una mejor armonía de los intereses comprometidos, en un marco de mayor equidad y justicia.
Frente a todos estos cambios, debe también operar un cambio jurídico. Se produce el advenimiento de un nuevo “derecho de masas”, cuyo objetivo principal se centra en regular adecuadamente los intereses en juego de una nueva realidad. Este derecho de masas asume un carácter marcadamente social y solidarista, en el que está latente la equidad y la justicia, así como nuevos instrumentos sustanciales y procesales capaces de superar la rigidez y el dogmatismo del derecho clásico.
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